Angelopolitanas

Esta semana, Puebla tendrá Fiscal General.

Será el próximo miércoles cuando los diputados locales escuchen y pregunten a la terna enviada por el gobernador Luis Miguel Barbosa, a saber:

El doctor Gilberto Higuera Bernal, el favorito y actual encargado de despacho; la maestra Maricela Pichón Acevedo, litigante y ex funcionaria que conoce todos los rincones, debilidades y fortalezas de la Fiscalía, y el académico y funcionario del Poder Judicial Federal, Guadalupe González Vargas.

Todo indica que donde se toman las decisiones, está firme la que favorece a Higuera Bernal, quien en su estilo y discretamente ha cabildeado con legisladores para recibir su voto a favor. Se requieren de las dos terceras partes de los legisladores presentes, por lo que no sólo con el voto de la mayoría de Morena y aliados puede obtener la Fiscalía General del Estado.

Hay panistas, priistas, de otros partidos e independientes que han manifestado estar de acuerdo con la designación del sinaloense, por su experiencia, trayectoria, vínculos con los gobiernos estatal y federal, pero sobre todo porque está comprometido a dar resultados en un corto y mediano plazo. El próximo miércoles es el día.

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Rafael Herrera, presidente de la Cámara Nacional del Comercio en Puebla, denunció que los comercios de la capital poblana sufren hasta 190 robos al mes.

Explicó que el número de robos a negocios aumentó al paso de los años, pues en 2013 se registraban 79 delitos de este tipo al mes. A partir del 2015 esta cifra se disparó y actualmente ocurren hasta 190 asaltos a comercios, cifra que el gobierno municipal no ha podido disminuir.

Más de seis al día explica el porqué de las rejas en muchos negocios y no el acceso libre de sus clientes. El escenario es frecuente en la periferia aunque la autoridad lo niegue.

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¿Qué sabe la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) que contradice la versión oficial? El pasado viernes hizo un llamado para atender el desabasto de medicamentos para quimioterapia infantil en Puebla y otros estados.

Reconoció las exigencias de familias de niñas, niños y adolescentes con cáncer y llamó a garantizar el abasto. El 18 de febrero los afectados reportaron una interrupción en las mesas de diálogo con la Secretaria de Gobernación, Instituto Nacional de Salud para el Bienestar (INSABI) y el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

Los estados de la República que padecen desabasto según la CNDH son: Baja California, Ciudad de México, Chiapas, Guerrero, Puebla, Yucatán, Estado de México, Oaxaca y Veracruz.

Los medicamentos faltantes por fallas en las compras consolidadas para hospitales públicos son: metotrexato, vincristina, ciclofosfamida, ifosfamida, bleomicina y entre otras. Para la CNDH no hay justificación para faltantes de fármacos pese a los cambios administrativos, pues debieron tomarse previsiones.

"... proteger la salud de las niñas, niños y adolescentes afectados no admite dilación alguna, y que su incumplimiento no puede justificarse en la realización de ajustes y cambios en las políticas u operación de las unidades de salud", refriéndose a la desaparición del Seguro Popular por el Instituto de Salud y Bienestar.

Algo tendrán que decir las autoridades locales, por lo menos tendrán oficialmente que responder a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, que hoy encabeza una distinguida militante de Morena.

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El viernes pasado, minutos antes de las ocho de la mañana en uno de los fraccionamientos que presume de seguridad, el empresario Francisco Guizar Pavón, fue ajusticiado con armas de fuego en un boulevard de Lomas de Angelópolis. Según fuentes policiacas, la víctima fue identificada por sus familiares y por los documentos que portaba.

“El rey del huachicol”, como era conocido, era un empresario gasolinero originario de Veracruz y avecindado en Puebla, quien hace diez años estuvo preso en Monterrey, acusado de robo de hidrocarburos, pero por falta de pruebas, a los pocos meses logró su libertad.

El ahora occiso vivía en Lomas de Angelópolisy a las 07:45 horas del viernes pasado, sujetos desconocidos lo asesinaron con al menos nueve balazos, en ese momento circulaba a bordo de una camioneta Toyota, Sienna, blanca y con placas de Veracruz a la altura del clúster Cascatta. Los sicarios huyeron sin que nadie se los impidiera.

Luego de que policías de Santa Clara Ocoyucan llegaron y confirmaron los hechos, acordonaron la zona, junto con personal de vigilancia privada. Más tarde, la Fiscalía llevó a cabo las diligencias del levantamiento de cadáver, y a través de la comandancia de San Andrés Cholula, harán las investigaciones sobre el caso.

Durante los trabajos de las autoridades ministeriales, llegaron familiares de la víctima de 67 años de edad, a quien identificaron plenamente. Fue ex trabajador de Pemex y era jefe de la extracción ilegal de hidrocarburos lo mismo en Veracruz que en Puebla, trascendió que tenía vínculos con los Zetas.